También indica que en computador de alias 'Raúl Reyes' bolivianos habrían estado en Colombia para ser entrenados por el grupo guerrillero para preparar una 'guerra de guerrillas'
La crisis de 2003, en la que habrían estado 60 miembros del grupo guerrillero, provocó la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo el letrado Arick Seifer al diario boliviano 'La Razón'.
La prueba de esa participación está en informes de una organización de inteligencia de Colombia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, dijo Seifer.
El abogado defiende a quienes fueran cinco jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia en el 2003, que en las próximas semanas deben encarar un juicio por su presunta responsabilidad en la muerte de 60 personas por la revuelta.
Hoy se cumplen cinco años de la dimisión y huida de Sánchez de Lozada hacia Estados Unidos, país al que el Gobierno de Bolivia pedirá formalmente en los próximos días su extradición y la de dos ex ministros con el propósito de someterlos también a juicio.
Las manifestaciones contra ese Gobierno se produjeron en rechazo al proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país al que La Paz reclama un acceso soberano al Pacífico, tras haber perdido ese territorio en una guerra en el siglo XIX.
Según el abogado, la "causa aparente" de la crisis del 2003 era el gas pero, a su juicio, había un plan establecido para derrocar a un Gobierno que estaba "legítimamente constituido".
Seifer dijo que las pruebas de la participación de las Farc están "en libros, revistas, entrevistas periodísticas e informes" del Departamento Administrativo de Seguridad (Das)".
"Ellos no vinieron a repartir flores. Han venido a repartir otras cosas, cuyos resultados los tenemos registrados en los hechos luctuosos de El Alto", agregó el letrado, sobre los disturbios que en esa ciudad y el altiplano causaron las decenas de muertos entre septiembre y octubre del 2003.
Agregó que tiene la "firme impresión" de que los miembros de las Farc fueron autores de las muertes después de analizar los croquis de los lugares donde fueron encontrados los cuerpos y las municiones usadas que "no coinciden" con las del Ejército.
"Hay cosas increíbles, lugares donde aparece una persona muerta y no estaba el Ejército. Estaba a tres cuadras", apuntó el abogado.
Seifer ha pedido que el presidente boliviano, Evo Morales, sea uno de los 150 testigos que se presenten en el juicio oral contra sus clientes que puede iniciarse a fines de noviembre o principio de diciembre en la Corte Suprema de Justicia.
Según el abogado, Morales debe testificar debido a que, en su condición de sindicalista en 2003, es "él quien incita al bloqueo de caminos" en el Chapare (centro), y se pone de acuerdo con otro dirigente campesino en el altiplano para cortar el paso hacia La Paz.
"Entonces, hay una suma de elementos que nos hacen pensar que hubo un plan preparado para derrocar al Gobierno", dijo Seifer.
También piensa convocar como testigos al vicepresidente de entonces Carlos Mesa, la ex Defensora del Pueblo Ana María Romero, al entonces vicepresidente de la Asamblea Derechos Humanos y actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y al ex dirigente sindical Jaime Solares.
Tomado de El Tiempo
La crisis de 2003, en la que habrían estado 60 miembros del grupo guerrillero, provocó la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo el letrado Arick Seifer al diario boliviano 'La Razón'.
La prueba de esa participación está en informes de una organización de inteligencia de Colombia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, dijo Seifer.
El abogado defiende a quienes fueran cinco jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia en el 2003, que en las próximas semanas deben encarar un juicio por su presunta responsabilidad en la muerte de 60 personas por la revuelta.
Hoy se cumplen cinco años de la dimisión y huida de Sánchez de Lozada hacia Estados Unidos, país al que el Gobierno de Bolivia pedirá formalmente en los próximos días su extradición y la de dos ex ministros con el propósito de someterlos también a juicio.
Las manifestaciones contra ese Gobierno se produjeron en rechazo al proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país al que La Paz reclama un acceso soberano al Pacífico, tras haber perdido ese territorio en una guerra en el siglo XIX.
Según el abogado, la "causa aparente" de la crisis del 2003 era el gas pero, a su juicio, había un plan establecido para derrocar a un Gobierno que estaba "legítimamente constituido".
Seifer dijo que las pruebas de la participación de las Farc están "en libros, revistas, entrevistas periodísticas e informes" del Departamento Administrativo de Seguridad (Das)".
"Ellos no vinieron a repartir flores. Han venido a repartir otras cosas, cuyos resultados los tenemos registrados en los hechos luctuosos de El Alto", agregó el letrado, sobre los disturbios que en esa ciudad y el altiplano causaron las decenas de muertos entre septiembre y octubre del 2003.
Agregó que tiene la "firme impresión" de que los miembros de las Farc fueron autores de las muertes después de analizar los croquis de los lugares donde fueron encontrados los cuerpos y las municiones usadas que "no coinciden" con las del Ejército.
"Hay cosas increíbles, lugares donde aparece una persona muerta y no estaba el Ejército. Estaba a tres cuadras", apuntó el abogado.
Seifer ha pedido que el presidente boliviano, Evo Morales, sea uno de los 150 testigos que se presenten en el juicio oral contra sus clientes que puede iniciarse a fines de noviembre o principio de diciembre en la Corte Suprema de Justicia.
Según el abogado, Morales debe testificar debido a que, en su condición de sindicalista en 2003, es "él quien incita al bloqueo de caminos" en el Chapare (centro), y se pone de acuerdo con otro dirigente campesino en el altiplano para cortar el paso hacia La Paz.
"Entonces, hay una suma de elementos que nos hacen pensar que hubo un plan preparado para derrocar al Gobierno", dijo Seifer.
También piensa convocar como testigos al vicepresidente de entonces Carlos Mesa, la ex Defensora del Pueblo Ana María Romero, al entonces vicepresidente de la Asamblea Derechos Humanos y actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y al ex dirigente sindical Jaime Solares.
Tomado de El Tiempo
