Hace un poco menos de dos años lo advertimos y le hablamos al país con la verdad. La Casa Presidencial nos tiró encima su aparato político y de la Asamblea Legislativa no salió nada. Así, por un cálculo equivocado y por miopía histórica, se perdió la oportunidad de investigar en serio y con responsabilidad la verdad sobre la penetración planificada y ejecutada, entre 1999 y mayo del 2006, por las terribles mafias del narcotráfico y las FARC en territorio nacional y sus niveles de influencia y poder en la sociedad costarricense, así como el desastre criminal de las visas migratorias bien pagadas a chinos, colombianos, dominicanos y jamaiquinos y los matrimonios por poder, en oficinas de abogados corruptos. Esa y no otra era la realidad nacional en ese entonces.
Denunciamos cómo y adónde había funcionado, por varios años, la caja chica de la corrupción pública en Costa Rica. No bastó, ni siquiera, las 36 citas precisas y exactas a nuestro país que salieron de las computadoras del narcoterrorista Raúl Reyes y su intercambio de correos con Rodrigo Granda que solo el periódico La Nación , con valentía y patriotismo, se atrevió a publicar en toda su extensión.
No fue suficiente que ahí, en esos correos, se hablara de las “excelentes” relaciones que las FARC; es decir, el narcotráfico, sostenían con altos funcionarios públicos en el año 2004, cuando se decidieron a dejar en una casa perfectamente localizada en Santa Bárbara de Heredia, un menudo de $500.000 para gastos de emergencia futuros. La política malentendida se encargó de silenciar todo, pensando algunos seguramente que en este país no hay escándalo que dure tres días.
Grave situación. La verdad al día de hoy, sin embargo, es aún más grave y crítica que la de entonces: las mafias colombianas han seguido actuando, expandiendo y profundizando su criminal poder en Costa Rica. Aparecieron además en el territorio nacional las mafias mexicanas que son igual o más sanguinarias que las colombianas. Se destaparon con violencia los dominicanos que hasta controlan un área céntrica de San José, en donde impera su propio orden criminal y no las leyes de la República.
La corrupción, cuyo origen es la enorme cantidad de dinero en billetes que mueve el vil negocio de la droga, penetró las bases de la Fuerza Pública. Un día sí y al otro también, la prensa nacional y la televisión, dan cuenta de una criminalidad y una violencia crecientes, el sicariato que era desconocido en nuestro país está a la orden del día y se mata a cualquiera por unos pocos miles de colones, en ajustes de cuentas o en mensajes de poder, en la lucha mafiosa por controlar áreas territoriales y niveles sociales en donde colocar la cocaína y otras drogas. Más de 200.000 muchachas y muchachos con adicción a las drogas son las víctimas costarricenses de este vil y criminal negocio. Solo falta, y Dios no lo quiera, que nos caigan encima las maras desde Guatemala, Honduras y El Salvador.
Al límite. En materia de seguridad, estamos en caída libre. Hemos llegado al límite. Esa es la verdad. Costa Rica, en estos últimos días del 2009, enfrenta una emergencia nacional de seguridad ciudadana y seguridad nacional. De las dos cosas y esto hay que entenderlo y asimilarlo bien, porque nos han transformado en un eslabón de una cadena brutal de criminalidad mafiosa que arranca en el sur, en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, en donde se produce y se industrializa la droga, para atravesar después el territorio de los países de Centroamérica, en busca del norte, hacia México y los Estados Unidos, o bien, hacia Europa y hacia 27 destinos como se logró demostrar y probar por acciones conjuntas internacionales en los primeros dos años de esta Administración.
El tema es transnacional, aunque sus implicaciones de seguridad y salud pública sean nacionales, por la enorme cantidad de víctimas que genera esta pandemia y por la droga que se queda en el país, así como por la violencia y la criminalidad que intimida y produce muertos en pueblos y ciudades y el poder de corrupción que le es intrínseco y que no respeta la división entre los Poderes del Estado ni niveles sociales, económicos y políticos. Lo que está sucediendo es como un cáncer que invade la totalidad del tejido social nacional y frente al cual, solo caben acciones decididas y profundas, bien coordinadas y ejecutadas en varios frentes de acción y de combate, como una guerra que debe ser librada ciertamente dentro del Estado de Derecho, pero que debe ser liderada con firmeza y determinación al más alto nivel del poder político y llevada a cabo de una forma sistemática e integral y asumida como una política pública permanente y no sujeta a los avatares y el cálculo o el capricho de los gobernantes de turno, involucrando a varios actores institucionales del Estado costarricense y con respaldo, a la vez, de una ciudadanía vigilante y de la sociedad civil organizada. Es hora de que todos juntos, más allá de los partidos políticos o de las organizaciones de la sociedad civil de que somos miembros, digamos: ¡Basta!, y que, como consecuencia del actual proceso electoral, salga finalmente una decisión de amplia base popular que refleje un acuerdo patriótico, para que se haga de una vez por todas, en este país, lo que se debe hacer en seguridad ciudadana y seguridad nacional. Es eso o es resignarnos a perder a Costa Rica.
