El mandatario ecuatoriano tiene en sus manos, sin transgredir el orden constitucional, la manera de buscar una salida jurídica al protagonismo del juez de Sucumbíos.
En el limbo está la normalización de las relaciones entre Colombia y Ecuador después de que hace un par de meses los presidentes de ambas naciones hubieran acordado solucionar por la vía diplomática la crisis que se originó el 1 de marzo del 2008 cuando las Fuerzas Armadas de nuestro país bombardearon un campamento de las Farc en el que murió, ente otros, el guerrillero y segundo hombre en importancia de ese movimiento alzado en armas, alias ‘Raúl Reyes’.
El escollo lo originó la justicia ecuatoriana que busca enjuiciar al ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, a quienes señala de ser los responsables de la decisión de atacar el campamento guerrillero que estaba en suelo del vecino país y a quienes ha solicitado en extradición.
Como es natural el asunto de las dos órdenes de captura despertó la inmediata reacción del Gobierno Nacional que no dudó en rechazarlas y en manifestarles a los afectados con las medidas un irrestricto apoyo, toda vez que ellos encarnan en gran medida la lucha contra el terrorismo y las drogas en Colombia y lo que hicieron fue en defensa de la seguridad del país sin ningún interés de invadir al vecino.
Ante semejante situación que puso en el congelador los avances dados para el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, Colombia le ha solicitado al gobierno del presidente Rafael Correa que actúe para que dicha medida judicial no se vaya a hacer efectiva por ningún motivo, pues se trata de dos funcionarios del más alto rango gubernamental que tienen el apoyo del país y el de sus instituciones.
Infortunadamente la respuesta ecuatoriana ha sido pasiva y de desentendimiento de su gobierno que alega no tener competencia sobre el poder judicial que es el que adelanta el proceso contra los personajes colombianos. Esa explicación no ha sido de buen recibo aquí ya que al estar de por medio intereses vitales en la relación de dos naciones, es posible mediante distintos mecanismos de ley anteponer los intereses de Estado a una acción judicial como la que está en juego.
Desde ese punto de vista se entienden en nuestro país las reacciones de los ministros de Defensa, Gabriel Silva y del de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez. El primero calificó el hecho como una "agresión jurídica" mientras el segundo dijo Colombia “no reconoce ninguna competencia ni jurisdicción” al juez ecuatoriano.
El caso, puesto en plata blanca, es como si un juez que en Colombia investigue la supuesta relación de las Farc con el gobierno Rafael Correa por efecto de los correos encontrados en los computadores y memorias USB del abatido ‘Raúl Reyes’ dicte una orden de captura contra algunos de los ministros de ese país o contra el propio Correa. Así es entendible el malestar en las altas esferas nacionales ante el silencio y la falta de alternativas que plantean los funcionarios del vecino país.
Correa tiene que dejar atrás su soberbia y su largo malestar por lo ocurrido hace año y medio en la frontera, entendiendo que su homólogo Álvaro Uribe en tres ocasiones públicas le ha manifestado sus disculpas por esa acción. El mandatario ecuatoriano tiene en sus manos, sin transgredir el orden constitucional, la manera de buscar una salida jurídica al protagonismo del juez de Sucumbíos, más cuando el proceso está montado sobre la base de un ciudadano ecuatoriano que como Franklin Aisalla, como se ha demostrado en no pocas investigaciones, era un militante activo de las Farc que el día su muerte no sólo acompañaba a ‘Reyes’ y su séquito de guerrilleros, sino que estaba en un campamento donde se adelantaban acciones terroristas y de narcotráfico.
En el limbo está la normalización de las relaciones entre Colombia y Ecuador después de que hace un par de meses los presidentes de ambas naciones hubieran acordado solucionar por la vía diplomática la crisis que se originó el 1 de marzo del 2008 cuando las Fuerzas Armadas de nuestro país bombardearon un campamento de las Farc en el que murió, ente otros, el guerrillero y segundo hombre en importancia de ese movimiento alzado en armas, alias ‘Raúl Reyes’.
El escollo lo originó la justicia ecuatoriana que busca enjuiciar al ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, a quienes señala de ser los responsables de la decisión de atacar el campamento guerrillero que estaba en suelo del vecino país y a quienes ha solicitado en extradición.
Como es natural el asunto de las dos órdenes de captura despertó la inmediata reacción del Gobierno Nacional que no dudó en rechazarlas y en manifestarles a los afectados con las medidas un irrestricto apoyo, toda vez que ellos encarnan en gran medida la lucha contra el terrorismo y las drogas en Colombia y lo que hicieron fue en defensa de la seguridad del país sin ningún interés de invadir al vecino.
Ante semejante situación que puso en el congelador los avances dados para el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, Colombia le ha solicitado al gobierno del presidente Rafael Correa que actúe para que dicha medida judicial no se vaya a hacer efectiva por ningún motivo, pues se trata de dos funcionarios del más alto rango gubernamental que tienen el apoyo del país y el de sus instituciones.
Infortunadamente la respuesta ecuatoriana ha sido pasiva y de desentendimiento de su gobierno que alega no tener competencia sobre el poder judicial que es el que adelanta el proceso contra los personajes colombianos. Esa explicación no ha sido de buen recibo aquí ya que al estar de por medio intereses vitales en la relación de dos naciones, es posible mediante distintos mecanismos de ley anteponer los intereses de Estado a una acción judicial como la que está en juego.
Desde ese punto de vista se entienden en nuestro país las reacciones de los ministros de Defensa, Gabriel Silva y del de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez. El primero calificó el hecho como una "agresión jurídica" mientras el segundo dijo Colombia “no reconoce ninguna competencia ni jurisdicción” al juez ecuatoriano.
El caso, puesto en plata blanca, es como si un juez que en Colombia investigue la supuesta relación de las Farc con el gobierno Rafael Correa por efecto de los correos encontrados en los computadores y memorias USB del abatido ‘Raúl Reyes’ dicte una orden de captura contra algunos de los ministros de ese país o contra el propio Correa. Así es entendible el malestar en las altas esferas nacionales ante el silencio y la falta de alternativas que plantean los funcionarios del vecino país.
Correa tiene que dejar atrás su soberbia y su largo malestar por lo ocurrido hace año y medio en la frontera, entendiendo que su homólogo Álvaro Uribe en tres ocasiones públicas le ha manifestado sus disculpas por esa acción. El mandatario ecuatoriano tiene en sus manos, sin transgredir el orden constitucional, la manera de buscar una salida jurídica al protagonismo del juez de Sucumbíos, más cuando el proceso está montado sobre la base de un ciudadano ecuatoriano que como Franklin Aisalla, como se ha demostrado en no pocas investigaciones, era un militante activo de las Farc que el día su muerte no sólo acompañaba a ‘Reyes’ y su séquito de guerrilleros, sino que estaba en un campamento donde se adelantaban acciones terroristas y de narcotráfico.
